La tecnología suele presentarse como un factor de igualación: acceso a la información, automatización de servicios, reducción de barreras. Sin embargo, cuando se observa con atención la relación entre tecnología y seguridad, el panorama es menos optimista. Los fallos, las brechas y las medidas de protección no afectan a todos por igual. La seguridad digital, lejos de ser neutra, tiende a reproducir y, en ocasiones, a profundizar desigualdades ya existentes.
En los entornos más protegidos, la seguridad se integra como una capa más del sistema. Hay recursos para actualizar, personal especializado, procedimientos claros y capacidad de respuesta. Cuando ocurre un incidente, el impacto se absorbe con relativa rapidez. Sin embargo, en otros contextos, más frágiles, un fallo similar puede tener consecuencias desproporcionadas y duraderas. La diferencia no está en la amenaza, sino en la capacidad de afrontarla.
Esta desigualdad se manifiesta con claridad en el acceso a servicios esenciales. La digitalización de la administración, la sanidad o el sistema financiero ha mejorado la eficiencia, pero también ha trasladado riesgos al usuario final. Quien dispone de medios, conocimientos y alternativas puede adaptarse. Y quien no los tiene quedará expuesto a errores, fraudes o interrupciones que afectan directamente a su vida cotidiana.
La brecha no es sólo económica. También es cognitiva. Comprender cómo protegerse, identificar señales de riesgo o gestionar un incidente requiere un capital cultural que no está igualmente distribuido. Las campañas de concienciación, diseñadas a menudo desde la lógica de la homogeneidad, no siempre llegan a quienes más las necesitan. En consecuencia, la seguridad se convierte en un privilegio implícito.
En el ámbito laboral, la desigualdad adopta otras formas. Trabajadores con menor margen de decisión operan con sistemas impuestos, sin capacidad real para cuestionar procedimientos inseguros. El error se penaliza, pero las condiciones que lo hacen probable permanecen intactas. La seguridad se exige hacia abajo, mientras las decisiones estructurales se toman lejos del impacto directo.
La tecnología también introduce desigualdades territoriales. Infraestructuras obsoletas, conectividad deficiente o dependencia de proveedores externos afectan de manera desigual a regiones y comunidades. Un mismo fallo técnico puede paralizar un pequeño municipio durante días y apenas alterar el funcionamiento de una gran ciudad. Es decir, la resiliencia no se distribuye de forma uniforme. Las políticas de seguridad, cuando no tienen en cuenta estas diferencias, corren el riesgo de agravar el problema. Medidas pensadas para entornos con altos niveles de recursos se aplican de forma indiscriminada, generando cargas adicionales para quienes ya están en desventaja. La seguridad se convierte entonces en una nueva forma de exclusión.
Adicionalmente, existe otra dimensión, menos visible: la capacidad de reclamar. Tras un incidente, no todos los afectados tienen la misma posibilidad de exigir explicaciones, compensaciones o cambios. La desigualdad jurídica y administrativa amplifica los efectos de los fallos tecnológicos. Para algunos, el incidente es una molestia; para otros, una pérdida difícil de revertir.
Hablar de seguridad sin hablar de desigualdad es, en el mejor de los casos, una omisión. En el peor, una forma de ceguera voluntaria. Los sistemas no operan en el vacío; lo hacen sobre sociedades estructuradas por diferencias de poder, recursos y acceso. Ignorar este contexto conduce a soluciones incompletas y, a menudo, injustas. Reducir la desigualdad en materia de seguridad no implica eliminar el riesgo, sino distribuir mejor la protección. Significa diseñar sistemas que no trasladen sistemáticamente los costes del fallo a quienes menos pueden asumirlos. Y significa también reconocer que la tecnología, por sí sola, no corrige desequilibrios previos.
Mientras la seguridad siga pensándose desde un punto de vista abstracto y homogéneo, sus efectos seguirán siendo desiguales. Y en un entorno cada vez más digitalizado, esa desigualdad no es un efecto colateral: es una cuestión central que merece ser abordada con la misma seriedad que cualquier amenaza técnica.
